La UCO ha presentado dos nuevos informes a petición judicial que refuerzan la acusación contra la eléctrica por un delito contra los consumidores por el supuesto cierre intencionado de sus embalses en el otoño de ese año (uno de los más lluviosos de las últimas dos décadas) para bloquear la producción de energía hidráulica, la más barata de todas, y generar así un incremento de las tarifas por la necesaria entrada en el 'pool' de otras fuentes más caras.
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