Este decreto, por el que se permitía la venta de lotería de la Generalitat a través de Internet o de la telefonía móvil, fue aprobado por el Govern de Maragall el 3 de octubre de 2006, fue impulsado menos de un mes antes de las elecciones catalanas que pusieron fin al primer gobierno tripartito, cuando el Parlamento catalán ya estaba disuelto, sin posibilidad de debatir la iniciativa. Su borrador "no se sometió ni a la audiencia de las entidades interesadas ni tampoco a información pública", como era preceptivo.
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