Unos 1400 ayuntamientos españoles han conocido hoy una nueva medida de ajuste, pero por vía judicial. Una sentencia del Tribunal de Justicia europeo, dictada hoy en Luxemburgo, declara ilegal la tasa que numerosos municipios españoles imponen a las compañías de telefonía móvil por el uso de infraestructuras de telecomunicaciones colocadas en su territorio.
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