El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, actuó de forma deliberada y consciente para defraudar a Hacienda cuando era alcalde de El Astillero. El Tribunal Supremo acaba de confirmar la sanción de 232.119 euros impuesta por Hacienda al Ayuntamiento de Astillero tras no ingresar en el Tesoro Público el IVA que cobró en 2003 por la venta de una parcela del polígono de Morero. En total el Ayuntamiento deberá pagar más de 600.000 euros.
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