Este último procedimiento correspondió al caso Otegi, amparado en marzo de 2011 después de que el TEDH condenara a España por vulnerar su derecho a la libertad de expresión al imponerle un año de cárcel por injurias al Rey tras llamar a éste "responsable de los torturadores". La sentencia de Estrasburgo criticaba la "sobreprotección" de la legislación española respecto a la figura del monarca y condenaba a España al entender que a Otegi se le había impuesto una pena "particularmente severa" y "desproporcionada".
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