En concreto, señala dos expedientes por un importe total de 5,5 millones que fueron adjudicados de forma directa a la misma empresa alegando razones de urgencia que, según el Tribunal, "no estaba debidamente justificada". A su juicio, ello pudo comportar una "falta de transparencia" por parte del órgano de contratación, que debería haber utilizado otro procedimiento. La "utilización reiterada" de la tramitación de urgencia continuó en 2009 y volvieron a repetirse casos en los que no estaba justificada.
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