También ahora se alzan voces que sostienen que la Ley de Amnistía de 1977 -sobre la que se asentó buena parte de la transición porque impide investigar los crímenes policiales, judiciales, militares e institucionales- no tiene encaje en la legislación internacional y debería ser derogada. Amnistía Internacional ha incidido en las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en este sentido.
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