La tarjeta social -impulsada a raíz de la última Conferencia de Presidentes- está en marcha. Aunque todavía está en fase de propuestas de las comunidades autónomas, cuando esté plenamente operativa -el 1 de enero de 2018-, revolucionará el modo de controlar las prestaciones sociales y asegurar que el dinero público se distribuye de forma correcta.
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