El presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Alberto Fabra, se ha visto obligado a realizar una lectura restringida de su política contra la corrupción. La imputación el pasado viernes del alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, en el caso Gürtel, ha marcado un punto de inflexión en el discurso del Consell. El sucesor de Fabra al frente de la alcaldía castellonense está imputado por el Tribunal Superior de Justicia en relación con la contratación de Orange Market en 2007 durante su etapa como subsecretario de la Consejería de Sanidad.
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