Esta vecina interpuso en el año 2010 una denuncia en contra del Boletín Oficial de Canarias por haber publicado la sentencia de su divorcio con su hasta entonces esposa, los responsables de la publicación le aseguraron que iban a borrar cualquier referencia a su persona en los buscadores del Gobierno autónomo. Un año después, al seguir apareciendo sus datos, la ciudadana optó por presentar una denuncia ante la Agencia Española para la Protección de Datos que reconoció su derecho a que desaparezca de internet cualquier referencia a su persona.
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