Veinte años después de la aprobación de la Ley de Costas, el 20% del litoral español sigue sin deslindar. Esto significa que no se conoce cuál es el límite entre las zonas de propiedad privada y pública o, lo que es lo mismo, los lugares donde se puede o no construir. El texto de 1988 daba un plazo de cinco años para definir estos límites, una tarea que aún no se ha finalizado.
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