Los padres que supuestamente cometieron el fraude fueron descubiertos por otros progenitores cuyos hijos se habían quedado fuera. Al conocer que algunos de los aceptados ni siquiera vivían en la capital gaditana, decidieron presentar un recurso de alzada ante la Delegación de Educación. La alcaldesa, Teófila Martínez, aseguró que “comprende” a los progenitores y lamentó que la norma actual impida la libre elección de colegio. La Junta lamentó la “irresponsabilidad” de la alcaldesa y recordó que falsificar un documento público es un delito.
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