El garante europeo de los derechos fundamentales se ha pronunciado en relación con la demanda interpuesta por el abogado José María Fuster Fabra, que consideraba que había sido espiado por motivos políticos. El tribunal concluye que "las razones aducidas por las autoridades nacionales para justificar la injerencia en el derecho del demandante al respeto de su vida privada eran 'relevantes y suficientes'.
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