Draghi, sin pudor alguno, se superpone a las Cortes españolas -en teoría al menos, representantes de la soberanía popular- y les indica lo que pueden y no pueden hacer, y se coloca en lugar de los tribunales españoles dictaminando si es legal o no que la medida afecte al BE. La desvergüenza es tanto mayor cuanto que es el propio BCE el que ha impuesto los criterios de austeridad a todas las Administraciones públicas,
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