Los hechos se remontan a 2007 cuando un juez de Madrid declaró extinguido por divorcio el matrimonio de la recurrente. Años más tarde, cuando las hijas ya habían alcanzado la mayoría de edad, el padre solicitó la modificación de medidas acordadas en la sentencia de divorcio, solicitando la extinción del derecho de uso de la vivienda familiar por parte de su mujer que vivía en ella con su nuevo cónyuge, la hija en común de ambos y las hijas del matrimonio anterior con requerimiento de que procedieran a su desalojo.
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