Los servicios jurídicos del Estado, al igual que la Fiscalía y la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont, plantearon la recusación de Macías para que quedase apartado del debate sobre la ley de amnistía. Considera que este magistrado en su anterior etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha posicionado jurídicamente en contra de la ley de Amnistía y por tanto su deber de imparcialidad ha quedado en entredicho.
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