Se trata de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con la ocupación ilegal de viviendas. Una norma que, a juicio de Podemos, vulnera derechos recogidos en la Constitución, como el derecho la vivienda, la inviolabilidad del domicilio y el principio de tutela judicial efectiva. El grupo parlamentario de Unidos Podemos recurrió la reforma a mediados del pasado mes de septiembre, alegando que su aplicación permite la ejecución de desahucios sin alternativa habitacional
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