La pieza había sido avalada a viva voz, pero cuando fue sometida a votación final fue derrotada en votación 12-10. El proyecto busca revertir el estado de derecho prevaleciente desde que se aprobó la Ley 1-1993, que denominó “indistintamente” el español y el inglés como idiomas oficiales en la Isla para los asuntos del gobierno.
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