La duda no es si el Supremo investigará o no a Bárcenas sino cuando comenzará a hacerlo. La investigación sostiene que el senador del PP habría recibido 1,3 millones de euros de las empresas de la trama a cambio de contratos con el Partido Popular y con Administraciones gobernadas por los populares. Anticorrupción atribuye a Bárcenas los presuntos delitos de cohecho y fraude fiscal.
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