El Supremo da la razón al Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, que presentó un recurso contra la resolución dictada por la justicia catalana, que avaló que se fijara un examen de catalán para los ciudadanos que se presentan a un puesto de funcionario estatal, para desempeñar el trabajo en la administración local de Cataluña.
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