Esta sentencia resuelve el recurso presentado contra una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En la resolución se explica que el castellano es una "lengua vehicular y docente" en Catalunya y afirma que "la normalización del catalán no puede hacerse a costa de la exclusión del castellano". Por ello, sostiene que el derecho a usar el castellano como lengua habitual es "un derecho que se ha de reconocer sin necesidad de que se inste"
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