El agente al que afecta esta sentencia fue condenado a tres años de prisión por los tribunales gallegos en 2018, culpable de un delito de revelación de secretos. Según estas resoluciones, formaba parte del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil en Galicia, y llegó a un acuerdo con otro agente de la Policía Judicial: conseguir información de las investigaciones que su unidad tenía en marcha contra traficantes de droga para dársela a los investigados y sabotear las causas judiciales y operaciones policiales.
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