El Arzobispado de Valladolid le retiró el requisito de idoneidad y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León decidió prescindir de sus servicios. Ahora el Alto Tribunal considera que se vulneraron los derechos fundamentales de la trabajadora La Consejería de Educación tendrá que readmitirla y además abonar los salarios que dejó de percibir tras su despido
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