Tras este fallo, en el que condena a la recurrente al pago de las correspondientes costas, el Alto Tribunal confirma así la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que fue recurrida por Iberia, al igual que la sentencia previa dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid. En julio de 2011, la OCU interpuso una demanda contra Iberia solicitando acciones colectivas de nulidad y de cesación respecto a varias condiciones generales que la aerolínea utilizaba en sus contratos de transporte aéreo de pasajeros.
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