El alto tribunal considera que negarse a contestar al abogado contratado por Vox, formación ultraderechista que se personó como acción popular, en el juicio del Procés supone un delito de desobediencia grave a la autoridad. El Supremo describe que en la sesión del 22 de abril Reguant ejerció una oposición “obstinada”, “totalmente meditada y decidida”, “con actitud de abierta y pertinaz negativa a asumir los deberes que la ley impone a los testigos”.
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