El Gobierno suizo aprobó ayer una nueva norma para regular el secreto bancario que niega la asistencia administrativa a los países que reclamen la transmisión de datos bancarios basando su petición en informaciones robadas, según informa la agencia Efe. De este modo, cuando un país solicite a Suiza la transmisión de datos alegando doble imposición, la Administración helvética examinará si la petición respeta «el principio de buena fe», es decir, si se basa en informaciones obtenidas de forma lícita.
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