S&P ve tres factores estructurales en este problema: las regiones tienen "un alto grado de autonomía de gasto" y responsabilidades "de alta sensibilidad política" que impulsan el gasto para ganarse a la opinión pública; bajos incentivos para afrontar "recortes de gastos dolorosos y aumentos de impuestos"; y el que Gobierno Central "tiene herramientas insuficientes para inducir un grado fuerte de disciplina a nivel regional". "Un recorte de gasto vigoroso podría reducir la calidad de los servicios públicos, un tema políticamente muy sensible",
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