Las tres personas señaladas por los investigadores del ‘chivatazo’ como presuntas autoras del mismo, y una cuarta no identificada, activaron teléfonos con tarjetas prepago –que cuando se compraron no requerían la identificación del propietario- para comunicarse entre ellos. La documentación incorporada al sumario sostiene que se trataba medidas de seguridad para proteger la confidencialidad de las comunicaciones entre ellos cuando sus teléfonos “oficiales” ya estaban “pinchados” por orden judicial.
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