La pléyade de altos funcionarios que opera bajo la égida de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha elaborado una legislación del alto cargo caracterizada por la ley del embudo: al tiempo que ellos mismos se rebajan las condiciones para dar el salto más fácilmente a la empresa privada, blindan todavía más los cargos públicos, de modo que sean un coto casi exclusivo de los funcionarios.
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