Algunos sistemas judiciales, en más de 90 países, los permiten mientras que otros limitan su uso a nivel judicial pero sí para pruebas de empleo o de capacitación psicológica, por ejemplo. Por culpa de estas máquinas, en los países en los que sí puede ser usado como evidencia ante un tribunal muchos inocentes han acabado entre rejas y otros muchos culpables en libertad, lo que ha dado lugar a numerosas críticas y a cuestionar si pueden ser usados como prueba definitiva.
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