Concretamente, en este proyecto de carta magna, se dice que el español tendría un "régimen jurídico especial" que "garantizaría" el derecho de los nacidos antes de 1977 a utilizar el español, tanto oral como escrito, en sus comunicaciones con las instituciones públicas. Así pues, todos los nacidos en democracia deberán hablar y escribir en catalán por ley, hayan pasado por el sistema de la normalización lingüística de la escuela catalana o sean nacidos y educados fuera de Cataluña.
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