Sólo 47 diputados del Congreso, 41 de ellos de Unidos Podemos, han renunciado a la tarjeta personalizada por valor de hasta 3.000 euros al año que la Cámara pone a disposición de los parlamentarios para desplazarse en taxi en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Si todos los parlamentarios que no han renunciado a la tarjeta agotaran su consumo máximo, el Congreso tendría que pagar este año 906.000 euros.
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