Hay números que nadie quiere hacer, pero que vienen impuestos por la crisis y el desorbitado peso de una Administración pública que el año pasado gastó casi 123.000 millones de euros en pagar las nóminas a sus 2,7 millones de asalariados. (...) Y es que, aunque nadie asegura una cifra exacta, distintas fuentes consultadas por elEconomista apuntan a que habría hasta 900.000 empleos públicos redundantes, fundamentalmente en las comunidades autónomas y entidades locales, con su corolario de empresas y chiringuitos creados en época de vacas gordas.
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