Los indignados toman las calles de Chile. Esta vez no es para mostrar su descontento ante la reforma educativa, sino para censurar la falta de acción del gobierno de Michelle Bachelet en otros menesteres como las pensiones. ¿El trasfondo? Las pírricas pensiones que obligan a miles de ancianos chilenos a seguir en activo para salir adelante. La cuantía media asciende a 270 euros al mes, por debajo del salario mínimo (346 euros). Según una comisión asesora impulsada por Bachelet en 2014, el 79% de las retribuciones está por debajo del SMI
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