Tras el Decretazo del 30 de diciembre de 2011 en el que se aprobó un drástico recorte del gasto público, la subida del IRPF, la congelación del empleo público… y el posterior y bochornoso acuerdo de CCOO, UGT y la CEOE de 25 de enero de 2012 que estableció que durante los próximos años los trabajadores continuaremos perdiendo poder adquisitivo.
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