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El jueves se hizo pública la sentencia de la Audiencia Nacional por la que se obliga a la multinacional ACS, propiedad de Florentino Pérez, a devolver 210 millones de euros por el Proyecto Castor, un almacén de gas natural en aguas mediterráneas de Castellón y Tarragona, que nunca se llegó a ejecutar porque en 2013 hubo movimientos sísmicos en la zona y el Gobierno de España desautorizó la planta gasística.
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