España es uno de los pocos estados de Europa que no tiene una ley específica reguladora del derecho del acceso a la información, por detrás de países como Rumanía, Armenia o Bulgaria. Aunque el programa electoral del PSOE recogía el compromiso de elaborar esta ley, llegado el final de la legislatura, el Gobierno no ha cumplido con esta promesa. En derecho a la información pública, España está por detrás de países como Rumanía. En 2002, el Consejo de Europa recomendó adoptar leyes de acceso a la información.
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