El Tribunal Constitucional considera que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la principal entidad encargada de la gestión de derechos de autor en España, está legitimada a intervenir en defensa del canon por copia privada, regulado por el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, en los pleitos que se planteen por el cobro del mismo.
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