En un país con cinco millones de desempleados, sería sencillo hacer demagogia al hablar de empresas que pagan sueldos a personas cercanas a los directivos sin que realicen ninguna labor. Sería fácil meter el dedo en el ojo de los gestores que sigan estas prácticas en una empresa que recibe sus ingresos (unos 350 millones de euros al año) casi en monopolio y por imperativo legal.
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