La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) fue denunciada por la instalación de una cámara de videovigilancia que graba parte de la vía pública. Se acordó el inicio de un procedimiento sancionador pudiendo ser sancionada con multa de entre 60.000 y 300.000 euros. Sin embargo, tras recibir la visita de los inspectores constataron que la mala calidad de las imágenes que dicha cámara graba no permiten identificar a nadie en concreto, por lo que se archivó el expediente.
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