El titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Manresa, Josep Tomàs Salàs Darrocha, aplicó a los condenados el artículo 235.2 del Código Penal, que permite elevar la pena de hurto de uno a tres años de prisión «cuando se trate de cosas de primera necesidad o destinadas a un servicio público, siempre que la sustracción ocasionara un grave quebranto a este, o una situación de desabastecimiento».
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