El TSJA considera que dos de los artículos del reglamento relativo a infracciones de tráfico son "ilegales", puesto que la función sancionadora de las multas de tráfico corresponde bien al alcalde o a un miembro electo de la Asamblea, pero nunca a ningún empleado público como venía ocurriendo. El Gobierno melillense está obligado a devolver todo el dinero de las multas interpuestas desde 2006 a noviembre de 2009, de ahí que no se le haya querido dar publicidad a este asunto.
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