"Es una sentencia infumable y politizada". Así ha calificado Manuel Nevot, un empresario de Vilanova i La Geltrú (Barcelona), la decisión del juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de Barcelona, que desestima su recurso y confirma la multa de 800 euros que le impuso la Generalitat por rotular su negocio inmobiliario sólo en castellano. Rel:
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