El magistrado se plantea el peligro que supone que una institución municipal acuda a la figura penal de la desobediencia para castigar con penas de prisión determinadas conductas, cuando tiene a su alcance las sanciones económicas. Si este criterio se extiende se podría perseguir con el delito de desobediencia a los vecinos que aparcan reiteradamente su coche en un lugar prohibido o los que tiran la basura en un horario no permitido. El juez cree que antes de la sanción penal existen las multas.
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