El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Illescas ha establecido la existencia de coacciones por parte de un ayuntamiento, el de Cedillo del Condado, a una constructora con el fin de sacarle 108.000 euros. Por ello, ha anulado un contrato de donación de este dinero firmado en el pasado mandato a favor del Consistorio sagreño por la empresa, al entender que se la forzó a ello para obtener unas licencias de obras a las que tenía derecho. Esta sentencia dice al ayuntamiento a que dé el contrato por anulado y que se olvide de su cobro.
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