¿Pero no resulta perverso que la lengua en la que se redactan textos tan relevantes y trascendentes para las personas como son una resolución judicial, las indicaciones ante un procedimiento sanitario, una hipoteca o un contrato laboral resulte oscura cuando no directamente incomprensible para los destinatarios? Que el español de Góngora no sea apto para todos los públicos no es demasiado grave. Pero que los textos con los que la administración se comunica con la población resulten opacos o directamente incomprensibles es un problemón.
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