El Gobierno ha aprobado hoy, seis meses después de anunciarlo, el anteproyecto de ley del plan de lucha contra el fraude fiscal que, de manera destacada, prohíbe el pago en efectivo de más de 2.500 euros entre profesionales y obliga a comunicar a Hacienda los bienes en el extranjero. En este punto, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que las ganancias no declaradas de inversiones realizadas fuera de España no prescribirán nunca, con lo que se tapona una de las fugas detectadas en la amnistía fiscal.
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