El protocolo para las víctimas de abusos en esta congregación católica incluye cláusulas de confidencialidad, que impide divulgar información a la “prensa” y a sus “propios familiares”, para que accedan a una indemnización, que se evalúa “en función de la gravedad de la conducta” desde los 5.000 euros. El procedimiento ha sido coordinado por un despacho de abogados externo. La congregación reconoce que acudieron “a una entidad ajena” para “que prestara un servicio de mediación".
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