La Asociación de Vecinos del Cabanyal manifestó ayer sus dudas sobre la legalidad de esta operación ya que el plan urbanístico de la prolongación está suspendido. De hecho, el ayuntamiento mantiene desde hace meses bloqueadas las licencias de obras y actividad que solicitan particulares y comerciantes del Cabanyal en aplicación estricta de la orden ministerial de 2009 que suspende el plan al entender que supone expolio del patrimonio histórico. El plan urbanístico está pendiente de una resolución del Tribunal Constitucional.
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