La Casa del Rey firmó en septiembre pasado un convenio de colaboración con la Abogacía del Estado. Este servicio jurídico da asesoramiento legal a la institución, pero no en asuntos particulares como la demanda de Ingrid Sartiau. Cuando se le notifique la admisión, el rey tendrá 20 días para responder a la petición, que lleva acompañada de una prueba de ADN.
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